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El pasado 30 de enero el SEA de 2015 (Servicio de Evaluación Ambiental) de Coquimbo emitió la Resolución de Calificación Ambiental en la que aprobó el proyecto Puerto Cruz Grande de CAP Minería (Compañía Minera del Pacífico). Dicha aprobación da pie a la empresa para que construya y opere un puerto de embarque de minerales en la caleta Cruz Grande de la comuna de la Higuera, específicamente en el sector de Punta Mostacilla.

La resolución positiva del SEA, luego de un proceso de evaluación de casi cuatro años -recordemos que el proyecto ingresó a calificación en Agosto de 2012-, pasó por alto hechos tan trascendentales como la no inclusión de áreas de manejo y de la Reserva Marina Isla Choros-Damas en su Estudio de Impacto Ambiental, o el no haber realizado las Partcipaciones Ciudadanas titular en las localidades aledañas al proyecto. Por otro lado, se hace necesario -que en ningún caso tienen injerencia sobre el proyecto ni mucho menos carácter vinculante- obligatorias para el mencionar que de la aprobación del proyecto el único voto en contra, de doce, fue el del Seremi de Agricultura de Coquimbo, el cual “renunció” súbitamente unos días más tarde. Renuncia que sugiere otra posible irregularidad dentro del proceso.

Se hace necesario comenzar este artículo con una descripción, a modo general, del territorio en que se pretende emplazar el puerto, el cual se caracteriza por, hasta ahora la no intervención industrial de sus costas, lo que lo dota de un alto estado de conservación del paisaje, flora y fauna terrestre y marítima -lo que se traduce en abundancia e integridad de “recursos naturales”. Esta exhuberancia genera las condiciones para la existencia de mas de 20 areas de manejo entre Caleta Hornos y Chañaral de Aceituno. Las áreas de manejo éstas son zonas de uso y explotacion exclusiva de recursos bentonicos reservadas a la pesca artesanal. Actualmente en la zona es la principal fuente de trabajo, de carácter sustentable, para cientos de personas. El Choreadero, por ejemplo una de las áreas de manejo aledañas que cuenta con una Resolución de la Subsecretaría de Pesca que autoriza la extracción de 95.000 kilos de machas al año.

La biodiversidad de flora y fauna hacen de este sector uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo tanto en lo que se denomina como el desierto semiárido costero como también en su zona marina. A tan solo 20 km de donde pretenden emplazar el puerto, se encuentra la Reserva Nacional Pingüino de Humbolt (CONAF) y la Reserva Marina Isla Choros-Damas. Una reserva marina es un sector marítimo en que esta aplicada una legislación especial a modo de medida de resguardo de los recursos marinos que ahí se encuentran, esto, para proteger su reproducción, los caladeros de pesca, así como también para eventual repoblamiento de especies en zonas que ya han sido devastadas. Las especies marinas y costeras que viven acá, gracias al equilibrio no intervenido de los ecosistemas, son innumerables: la mayor poblacion de Pinguinos de Humboldt del mundo, la única población mundial residente de Delfines Nariz de botella, siete especies distintas de ballenas, Chungungos también conocidos como Nutria de mar (hoy en peligro de extinción), entre varios otros mamíferos marínos un sin número de aves como el Piquero, Aguilucho, Pequén, Lile, Guanay, Yeco, Pelícano, Jote, Pilpilén, Gaviotín sudamericano, Pato Yunco, entre muchas otras.

Es importante mencionar que ninguna de estas medidas de resguardo (Áreas de manejo Reserva Marina) garantizan la protección del territorio marítimo –la Reserva Marina abarca sólo 1 milla nautica alrededor de las islas (1850 mt): ese es el espacio protegido- por lo tanto, todo lo que queda fuera de esa línea imaginaria -recordemos que la fauna marina no está enterada de estas divisiones- es susceptible a las amenazas de la industria. Ante estos antecedentes tan importantes, quisiéramos detenernos para contextualizar el proyecto ante el que nos estamos viendo enfrentados. Como dijimos al inicio, el Puerto Cruz Grande es un proyecto de puerto granelero perteneciente a CAP Minería, esto quiere decir, un terminal de embarque exclusivo para la industria minera “…cuyo propósito inicial es brindar los servicios de recepción, acopio y embarque de graneles minerales de hierro requeridos por el “Proyecto Tofo” y, eventualmente, por otros proyectos mineros interesados. La instalación portuaria permitirá el embarque de 13,5 millones de toneladas de minerales a granel al año.”(Resumen ejecutivo EIA Proyecto Puerto Cruz Grande, p1, 2012.) CAP Minería, es una de las tres filiales del Grupo CAP. Es una empresa minera privada dedicada a la extracción de hierro, autodenominada líder en producción de hierro y pellets en la costa del Pacífico. CAP tiene yacimientos en Copiapo, Huasco y La Serena. En Copiapo, (Tierra Amarilla) la Planta Magnetita,una planta de procesamiento de hierro. En Caldera el Puerto Totoralillo, por el que circulan barcos de hasta 300 mil toneladas. En Huasco son dueños de la mina Los Colorados, un yacimiento a rajo abierto –de 84 millones de toneladas al año, de las cuales 10 millones 400 mil son de hierro-. En las afueras de Vallenar, son propietarios de la Planta de Pellet de Huasco y del Puerto Guacolda II –cabe recordar que Huasco es catalogado hoy como zona de sacrificio-. En la cuarta region y a solo 22 km de la Serena, CAP Minería tiene emplazada la mina El Romeral, de la cual extraen 400 mil toneladas métricas anuales de Granzas, 300 mil al año de Finos y 1 millón 700 mil anual de Pellet Feed desde un descomunal rajo abierto. Respecto del señalado proyecto El Tofo, corresponde a una iniciativa de la CAP para explotar un yacimiento de hierro con el que pretenden doblar su producción (18 millones de toneladas de hierro al año).

Es común oír hablar del norte de Chile como “zona minera” -ciertamente de estos suelos se ha extraído mineral desde tiempos inmemoriales- sin embargo, desde la implantación de un sistema capitalista extractivista –iniciado con la invasión española y perfeccionado por el Estado de Chile desde su aparición hasta hoy- el oficio minero adquiere otro sentido: el de la extracción intensiva y sistematica para la acumulación y concentración de riqueza y capital, convirtiendo los bienes comunes naturales en recursos naturales útiles para ciertos intereses económicos, transformándolos en cosas (productos), y extrayéndoles de manera megaindustrial, a costa de lo que sea. Este modelo de progreso capitalista –o de apropiación- ha devenido en nada más y nada menos que en el aumento exponencial de la desertificación. Al haberse apropiado del agua de los valles nortinos, la minería ha secado y contaminado los ríos, ha desperdigado tranques de relave con materiales tóxicos (cancerígenos) -como mercurio, arsenico o cianuro- por los valles, incluso encima de los poblados, y ha devastado las costas con la instalación de sus puertos. A pesar de esto y del imaginario que se ha construído respecto del norte como un lugar “naturalmente seco, inerte y hostil” aún existen muchos lugares de biodiversidad única y exhuberante que se hace necesario proteger con urgencia. Este territorio es un gran ejemplo de ello.
Quisiéramos enfatizar, por lo tanto, en los efectos que podría llegar a tener la instalación y operación de un puerto granelero en la zona: La ocupación del espacio sería de 35,27 hectareas, se cargarían barcos de hasta 300 mil toneladas (de casi 300 mt de largo) y se transportarían desde ahí 13,5 millones de toneladas al año, eso durante 50 años (y podría ser mas). Los impactos terrestres pueden incluir: contaminación debido a la eliminación de los materiales dragados, erosión y sedimentación. Pérdida de hábitats frágiles, pérdida de usos existentes y futuros de la tierra, contaminación por mayor tránsito vehicular (vehículos mayores), polvo y emisiones en el aire procedentes del tránsito y acumulaciones de materia prima, que además pueden ser tóxicas. La eliminación terrestre de los materiales de dragado, puede afectar al agua subterránea y contaminar el aflujo superficial. Los mayores daños, como es de suponer, serían en el sector costeromarino: sólo en la etapa de construcción, el fondo marino y la costa serían transformados por el proceso de dragado, esto, es la excavación submarina que se hace en el lugar en que llegan los barcos para que haya suficiente profundidad para que estos pasen. Esto significa la degradación inmediata de playas, esteros y pesquerías por la resuspensión y asentamiento del sedimento; ingestión y acumulación de contaminantes emanados por los barcos en peces y mariscos, mayor turbiedad en el agua lo que ocasiona a corto plazo la disminución de los niveles de oxigeno (posterior ahogo de las especies), modificación de la batimetría (profundidades marinas) ocasionando cambios en la circulación de las especies, alteración en la diversidad de las especies y estructuras de las comunidades béntonicas, cambios en la composición química del agua, cambios en la estructura de la ribera y por consiguiente pérdida del hábitat y de los recursos pesqueros. Estos, sólo por mencionar algunos de los efectos propios de la construcción y operación del puerto, sin mencionar los graves e irreversibles impactos que puede significar un derrame de hidrocarburos (tan comunes en los puertos).

Desde la aprobación del puerto hasta ahora, se han presentado 6 reclamaciones que solicitan la impuganción de la Resolución de Calificación Ambiental, entre éstas se encuentra la presentada el 20 de marzo por el Sindicato de Trabajadores Independientes, La Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros y la Cooperativa Pesquera y Comercializadora Los Choros, quienes presentaron un Recurso de Reposición a la RCA entregada por el Servicio de Evaluación Ambiental solicitando su nulidad, con el argumento de que el titular no tomó en consideración los posibles efectos sobre las Áreas de Manejo aledañas. Cabe preguntarse, ¿cómo es que no se consideran en el EIA, zonas de tal importancia para sus habitantes, en las cuales radica el sustento de vida de tantas personas de la comuna, tanto en lo que concierne a actividades de pesca y recolección como al incipiente turismo sustentable?. Probablemente de haberse considerado estas zonas, el proyecto no hubiese sido aprobado. Este mecanismo creado para evaluar los proyectos, no tiene entonces, ninguna validez, porque en la raíz de su creación, el extractivismo capitalista estaba ya favorecido. O acaso es una casualidad que casi todo el norte de Chile – donde se han evaluado positivamente innumerables EIA(s)- esté seco y contaminado habiendo convertido tantos vergeles en zona de sacrificio, a costa de aberraciones constantes con nuestra Tierra y por consecuencia con la salud humana y animal. Esto pone de manifiesto la ineficacia e irregularidad con que es capaz de operar el Estado en función de favorecer intereses empresariales, posicionando la judicialización de los proyectos como la única manera que tienen a la mano las comunidades para proteger su territorio. Entonces, bajo este sistema en que el Estado “evalúa” si los proyectos se llevan a cabo o no a partir de un estudio entregado por la propia empresa, quien incluye dentro o fuera del area de impacto lo que éste estime conveniente según criterios basados en su propio beneficio, ¿qué clase de resolución puede hacer el Estado entonces, si no existen siquiera parámetros que establezcan un área real
de influencia?. Este solo hecho pone de manifiesto la forma en que el Estado crea mecanismos de evaluación bajo una estrategia que a priori favorece a las empresas ¿será que acaso tienen algún vínculo? ¿o Estado y empresariado son lo mismo?

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